Ratificamos nuestro compromiso con la institucionalidad democrática

Las organizaciones de sociedad civil y partidos políticos firmantes, en el mes de febrero decidimos actuar y trabajar unidos para devolver a los ciudadanos nicaragüenses, el derecho a elegir y ser elegidos, estando conscientes que para alcanzar ese objetivo, es fundamental la aprobación de una reforma que asegure unas elecciones libres, transparentes y observadas.

En ese proceso estábamos enfocados, cuando a inicios de marzo del presente año la OMS declaró pandemia el COVID-19 para alertar a la humanidad de sus efectos, los cuales a la fecha han provocado impactos severos en la salud de más de 4 millones de personas y de forma mortal, la vida de aproximadamente 300,000 seres humanos. En nuestro país, la situación es particularmente compleja por el régimen dictatorial de Estado que se ha impuesto, que además de conculcar derechos ciudadanos, está exponiendo a la población irresponsablemente, provocando muertes que pudieron haberse evitado; situación que pone de manifiesto la necesidad de tener instituciones democráticas e independientes sin control político- partidario.

Es preocupante que al igual que la indolencia ante el COVID-2019, el gobierno sigue desoyendo las voces de la comunidad internacional y la demanda ciudadana para la liberación incondicional de todos los presos políticos y el restablecimiento pleno de los derechos y garantías ciudadanas, no dando muestras de voluntad política para resolver la crisis socio política y establecer las condiciones básicas para iniciar una transición democrática en Nicaragua.

Ante esa situación reiteramos nuestro compromiso de contribuir a la solución de la crisis sociopolítica, y para ello, ratificamos nuestras propuestas de exigir el nombramiento de nuevas autoridades en el CSE y se realice un proceso amplio e inclusivo de discusión de reformas electorales con todos los sectores políticos y sociales del país y el respaldo técnico de organismos internacionales y nacionales especializados en la materia, que garantice un marco normativo electoral de amplio consenso, incorporando las propuestas de reformas sustantivas que se han presentado y consideramos son indispensables para devolver la confianza en el Sistema Electoral.

Por lo que ratificamos ante los nicaragüenses y la comunidad internacional, nuestra voluntad de continuar trabajando unidos para lograr una reforma electoral que restituya el derecho de la ciudadanía de elegir libremente e iniciar un proceso para recuperar la institucionalidad democrática que de forma urgente el país demanda para su desarrollo económico social sostenible.

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