El 21 de noviembre de 2024, se aprobaron reformas constitucionales que reconfiguran profundamente el Estado. Bajo el control del oficialismo, estos cambios consolidan el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mientras desmantelan los principios democráticos reconocidos en la Constitución vigente.
Uno de los cambios más polémicos es la introducción de una «copresidencia», donde Murillo asume formalmente de cogobernante. Este modelo no solo refuerza la concentración del poder en un núcleo familiar, sino que elimina cualquier apariencia de separación entre el Estado y los intereses del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Más allá de un ajuste administrativo, la copresidencia es un mecanismo diseñado para perpetuar la dinastía Ortega-Murillo en el poder.
Otro punto clave es la redefinición del rol de la presidencia, que ahora asume un papel de «coordinador» de los órganos judicial, legislativo y electoral, despojándolos de cualquier viso de autonomía e independencia. Este cambio establece un sistema en el que los copresidentes supervisan y dominan todas las decisiones. La centralización del poder representa la antítesis del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a las democracias en el continente.
Además, la reforma introduce medidas que restringen libertades fundamentales. Desde controles sobre los medios de comunicación hasta limitaciones en la actividad de organizaciones civiles y religiosas, el texto constitucional redefine la disidencia como una amenaza a la estabilidad del Estado. Con estas disposiciones, el régimen refuerza su capacidad para perseguir a quienes critiquen sus políticas, consolidando un clima de represión institucionalizada.
Otros cambios, aunque menos debatidos, también son reveladores. Por ejemplo, la inclusión de la bandera del FSLN como símbolo oficial del país refuerza la identidad partidista del Estado. Asimismo, los ajustes a la Asamblea Nacional, que incluyen la incorporación de los candidatos perdedores en las elecciones presidenciales, pretenden proyectar una apariencia de inclusión, pero bajo condiciones que garantizan la hegemonía oficialista.
Hoy, más que nunca, el pueblo nicaragüense tiene el desafío de mantenerse unido, buscar alternativas creativas para expresar sus aspiraciones y construir caminos de esperanza. En medio de las limitaciones, el compromiso con el cambio se mantiene vivo, y el espíritu democrático de un pueblo no desaparece ante las ansias de una familia que pretende perpetuarse en el poder.
El futuro de Nicaragua está en las manos y en los corazones de los nicaragüenses, quienes, con valentía y determinación, continuaran resistiendo hasta tener un país donde la democracia, la libertad, la dignidad y los derechos humanos sean restaurados. Aunque el camino pueda parecer largo, la historia de los pueblos que han luchado por su libertad nos inspira a seguir adelante.
Rechazamos las reformas constitucionales de Ortega y Murillo que destruyen la democracia, y pretenden consolidar un modelo autoritario. Llamamos a todos los nicaragüenses a mantenerse en resistencia y a la comunidad Internacional a unir esfuerzos para defender la libertad y el Estado de Derecho en Nicaragua.
¡Nicaragua tiene esperanza y un futuro por construir!
