Posicionamiento en relación a Ley de Agentes Extranjeros “Ley Putin”

Rechazamos y condenamos las tres iniciativas de ley propuestas recientemente por la dictadura Ortega-Murillo, ya que constituyen un combo legal explosivo de corte autoritario contra los derechos y libertades fundamentales de todos los nicaragüenses.  Este combo pretende recrudecer la represión social y política contra los ciudadanos opositores, los medios de comunicación independientes y redes sociales a través de la incorporación de la cadena perpetua como pena máxima para los crímenes de odio, la criminalización de la libre expresión previstas en la “Ley Especial de Ciberdelitos” o “Ley Mordaza”.  Con la aprobación de la “Ley de AgentesExtranjeros” se persigue un mayor control y restricciones para ejercer el derecho a la asociación y la participación ciudadana en la política interna.

La “Ley de Agentes Extranjeros” o “Ley Putin”, contiene una regulación violatoria a los derechos y libertades de los nicaragüenses bajo la excusa de la no injerencia extranjera en los asuntos internos y defensa de la estabilidad económica y política del país. Esta ley introduce la definición de “sujetos obligados” o “agentes extranjeros” y les obliga, bajo amenaza de perder su personalidad jurídica o ser sujeto de confiscaciones, a anotarse en un registro de agentes que estará a cargo del Ministerio de Gobernación (MIGOB).  Este ministerio deberá informar todos y cada uno de los ingresos y egresos de las personas naturales o jurídicas que se desempeñen o trabajen como agente, representante, empleado, servidor o en cualquier otra actividad en un organismo extranjero.  La ley convierte al MIGOB en una central de información financiera.

La prohibición contenida en esta ley que partidos políticos no puedan tener vinculaciones con agrupaciones políticas del exterior viola la Constitución Política y la Ley Electoral.  Los partidos políticos pueden tener filiación con organizaciones internacionales y ha sido parte de la cultura política nacional e internacional.

La intención de inhibir políticamente a opositores es explícita al prohibir a los agentes obligados a no poder ser funcionarios públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier naturaleza.  Esto es claramente violatorio de los derechos políticos, en particular al derecho a elegir y ser electo, derecho que es afectado por una ley ordinaria, en una clara contradicción y violación al principio de jerarquía legislativa.

La aplicación de esta ley violentará principios fundamentales constitucionales, tales como la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad humana, el pluralismo político y social y la libre cooperación internacional.  Atenta contra la igualdad incondicional y absoluta entre los nicaragüenses y más bien

promueve la segregación.  Violenta el derecho a escoger libremente el lugar de trabajo, la libertad de expresión y el derecho a participación entre otros.

Esta ley atentará contra la inversión privada y criminaliza potencialmente a cualquier persona natural o jurídica que tenga vínculos con el exterior.  Al dejar al Ministerio de Gobernación con la potestad de nombrar a los agentes extranjeros, a requerir a quienes consideren agentes y a sancionarlos, deja en la indefensión a un sinnúmero de organizaciones de carácter humanitario, social, de derechos humanos, y a fundaciones o proyectos sociales.

La ley afectará las remesas a dejar su definición en manos del Banco Central de Nicaragua.  Si un familiar de un opositor envía una remesa familiar, quedará en manos de Banco Central definir si se trata en efecto de una remesa familiar o de una “contribución política de parte de un agente extranjero”.

Mientras el gobierno no cumpla sus compromisos firmados el 27 y 29 de marzo del 2019 en referencia al restablecimiento pleno de los derechos y garantías ciudadanas y la liberación de los presos políticos, ninguna ley podrá brindar seguridad jurídica plena a los ciudadanos y empresas en general, por cuanto todo estará en función de integrarlo como parte del sistema y mecanismos de represión actual.

Reiteramos que, con la aprobación y entrada en vigencia de la Ley Putin, el régimen está radicalizando la represión y el cierre de los espacios políticos a través de la violación de los derechos y libertades constitucionales.  Es por ello que hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional a sumarse al rechazo frente a este nuevo intento de la dictadura de transgredir los derechos de los nicaragüenses.

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