POSICIONAMIENTO DE LA ALIANZA CIVICA EN RELACIÓN A LEY MORDAZA

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) rechaza las iniciativas de ley anunciadas por la dictadura en las últimas dos semanas ya que constituyen un “combo explosivo” contra los derechos y libertades de los nicaragüenses a través del cual se pretende recrudecer la represión política y social.

De forma particular, rechazamos la iniciativa de “Ley Mordaza”, como el pueblo nicaragüense está llamando a la propuesta de “Ley Especial de Ciberdelitos”, con la que el régimen Ortega -Murillo pretende controlar los medios de comunicación y redes sociales como espacios para la libre expresión ciudadana a través de la creación de nuevos delitos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Las tecnologías de la información sujetas al alcance de esta ley incluyen: “el conjunto de medios de información que permiten la captura, producción, reproducción, transmisión, almacenamiento, procesamiento, tratamiento, y presentación de información, en forma de imágenes, voz, textos, códigos o datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética, entre otros, por medio de protocolos de comunicación, transmisión y recepción”. 

Concretamente la iniciativa de ley presentada ante la Asamblea Nacional señala que esta ley será aplicada a quienes cometan los delitos contemplados en la misma, dentro o fuera del territorio nacional. De esta propuesta legislativa llama la atención, particularmente, el castigo de conductas como la « suplantación y apoderamiento de la identidad informática de una persona natural o jurídica por medio de las TICs », sin indicar cuales son los criterios a tener en cuenta en esa suplantación, lo que puede dar lugar que se criminalice la parodia y la sátira, expresiones constitucionalmente protegidas, además se criminaliza  al que “publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra a la población, a un grupo o sector o a una persona o su familia”, delitos para los cuales se preven penas draconianas.

La forma en que estan redactados estos delitos resulta alarmante, debido al uso de términos amplios, vagos, imprecisos y ambiguos para penalizar expresiones de interés público; la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público; y la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos, aspectos que ya han sido declarados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) al referirse a leyes similares aprobadas en paises como Cuba y Venezuela. 

Este tipo de regulación constituye sin duda un instrumento arbitrario y de represión para atacar la libertad individual, promover la intolerancia y limitar los derechos y libertades ciudadanas al tipificarse delitos relacionados con la apología e incitación al odio y a la violencia y la publicación y divulgación de noticias falsas y/o tergiversada a través del uso de tecnologías de la comunicación, lo que constituye una propuesta inconstitucional que vulnera derechos fundamentales de los nicaraguenses, recurriendo al Derecho Penal como mecanismo de coacción para recetar multas, cárcel e intervención de bienes y activos e impedir el ejercicio de derechos como: la privacidad, la protección de datos personales, el honor de las personas, y las libertades de expresión e información, las cuales son pilares fundamentales para la coexistencia social y democrática. 

Estamos claros que la convivencia en una sociedad democrática implica que la libertad de expresión e información conlleva una responsabilidad ulterior de servir a la verdad.  En caso que esto no se cumpla y se incurra en el abuso del ejercicio de estas libertades se debe exigir las responsabilidades ulteriores establecidas en nuestra legislación conforme los estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

Sin embargo, en el contexto de represión sistemática que vivimos los nicaragüenses,  iniciativas como la “Ley Mordaza”, son parte de una estrategia dirigida a minimizar la crítica ciudadana e instaurar la censura política a sectores independientes de la oposición que utilizan las redes sociales y medios de comunicación para denunciar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo. 

Una vez aprobada esta Ley los operadores del Sistema de Justicia (policía, fiscales y jueces), podrán investigar, perseguir y sancionar con penas hasta de ocho años de prisión a quienes realicen publicaciones en medios de comunicación o redes sociales que sean categorizadas como delitos contra la “seguridad del Estado . 

Tal como lo ha expresado el Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua en su más reciente comunicado, el artículo 25 de la Ley Mordaza pretende, bajo el pretexto de proteger información pública clasificada como reservada, imponer cárcel de cinco a ocho años a medios o personas que la divulguen.  Esta es una clara amenaza al periodismo investigativo, fuente importante de fiscalización de la función pública y privada y uno de los pilares principales de la libre prensa, esencial para la democracia.

La propuesta de “Ley Mordaza” por la dictadura es particularmente irónica por cuanto es precisamente ésta la que ha violentado leyes concernientes a la libertad de expresión y de información, en particular la Ley de Acceso a la Información Pública.  

La dictadura ha eliminado la publicación de datos importantes para la vida nacional, de indicadores sociales, de medición de pobreza, encuestas de nivel de vida, variables macroeconómicas y de inversiones.  Su actuar es por lo tanto prueba suficiente que está más interesado en restringir libertades que en sancionar los delitos cometidos a través del uso de las tecnologías de la información. 

La dictadura recientemente ha recrudecido su control contra de los medios de comunicación independientes, aumentado la represión directa a expresiones menores de movilización y protesta e intensificado protesta y acoso policial directo a grupos particulares de excarcelados políticos que consideran de alto riesgo.  Son más de 20 espacios radiales que han sido eliminados, se ha aplicado la censura a la transmisión de programas en televisión abierta y ha intervenido policialmente salas de redacción de los programas Esta Noche y Esta Semana, además de la ocupación de 100% Noticias y el embargo al Canal 12 por presuntas deudas con el Estado.

Así mismo, el Gobierno ha emprendido presión e intimidación fiscal contra empresas y empresarios en particular a través de acciones discrecionales de funcionarios de aduanas, administración tributaria y alcaldías que se conocen y denuncian tímidamente por temor a represalias. 

El gobierno está haciendo uso del control de todos los poderes del Estado para garantizar mayor control de la disidencia política y responder a las presiones nacionales e internacionales para la realización de reformas electorales que permitan acordar la celebración de elecciones en noviembre del 2021; la liberación de los presos políticos y la demanda de restablecimiento de derechos y garantías conforme los acuerdos que se suscribieron en la mesa de negociación en marzo del 2019.

La aplicación de estas leyes, si bien están orientadas claramente a la represión y la supresión de derechos y garantías constitucionales de opositores, también son de aplicación general.  Por lo tanto, se deberá entender que cualquier ciudadano nicaragüense en el país o en el exterior, o cualquier residente del país, que reproduzca una noticia que a criterio de los operadores del sistema de justicia sea considerada “falsa o tergiversada”, podrá ser sometido a un proceso penal.  Es por ello que hacemos un llamado a la ciudadanía en general a rechazar esta iniciativa de ley violatoria a los derechos de todos los nicaragüenses o personas que residan en el país.

En tanto el gobierno no cumpla con el restablecimiento pleno de los derechos y garantías ciudadanas que permita el ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales de los nicaragüenses y mantenga el Estado Policial, ninguna ley podrá brindar seguridad jurídica plena a los ciudadanos y empresas en general, por cuanto todo estará en función de integrarlo como parte del sistema y mecanismos de represión actual.

La aplicación de esta Ley Mordaza, en conjunto con establecimiento de la cadena perpetua y la Ley de Agentes Extranjeros, son claras muestras de la radicalización de la represión y el cierre de los espacios políticos por una dictadura cada vez más represiva y violatoria de los derechos de los nicaragüenses.  Es por ello que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia hace un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional a rechazar este nuevo intento de violentar los derechos constitucionales y las libertades públicas de los nicaragüenses.

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