Al conmemorar Nicaragua 165 años desde la Batalla de San Jacinto, el mundo se entera con estupor que, como en 1856, Nicaragua sigue luchando por la libertad y una institucionalidad basada en los derechos humanos.
Frente a esta lucha, cuya piedra es el civismo y la convicción de que Nicaragua vencerá a la dictadura, está un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos de la población para sostenerse a punta de bayonetas y bozal.
Para aplacar las ansias de libertad y justicia, la dictadura ha encarcelado de la peor manera posible y recurriendo a disparates basados en mentiras, a más de 140 nicaragüenses de todo el espectro social y político. Es una agresión brutal en contra de cualquiera que desee libertad de expresión, participación, de movilización, crítica y cambio. Cada prisionero político es un mensaje para el resto del país: si tu horizonte es azul y blanco, te esperan la represión, la cárcel, el exilio o la muerte.
En días recientes, la Fiscalía General acusó al laureado escritor Sergio Ramírez Mercado de haber cometido supuestos actos que fomentan e incitan al odio, y de haber lavado dinero recibido de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Por ello, ante la incredulidad e indignación de muchas personalidades e instituciones del mundo, la dictadura ordenó que se allane su hogar y se le meta a la cárcel.
Tal comportamiento sólo refleja falta de razón, odio visceral y una intolerancia exacerbada. Frente a la inteligencia y el civismo se sigue respondiendo con fuerza bruta, excesiva, desproporcionada.
Por eso el régimen mantiene a su nueva camada de prisioneros en condiciones inhumanas mediante un aislamiento total del mundo y de sus familias, interrogatorios constantes, en espacios reducidos e iluminados todo el tiempo, la negación de contacto con sus familias y de acompañamiento legal de su elección, hambreados y con sed, sin atención médica adecuada. Tal política viola flagrantemente los derechos humanos y la Constitución que se dio a hacer Daniel Ortega hace algunos años.
La saña del régimen llega al extremo de realizar procesos judiciales ilegales en su totalidad, conforme lo establecen las leyes de Nicaragua. Las leyes del país establecen juicios orales y públicos en las salas de juicio. La dictadura realiza tales procesos en la oprobiosa cárcel de El Chipote, tras las paredes, sin abogados elegidos por los prisioneros políticos, y con los fusiles apuntando hacia la entrada.
Rechazamos cada violación de derechos, pues eso atenta contra el espíritu libertario de los héroes de San Jacinto y de cada nicaragüense que hoy sobrevive a esta etapa triste de nuestra historia nacional.
Demandamos a las autoridades responsables por él encarcelamiento de más de 140 nicaragüenses, que les garanticen un trato respetuoso de sus derechos. Entre ellos alimentación y atención médica adecuadas, comunicación con su familia y asesor legal de su elección, horarios compatibles con las necesidades humanas, celdas limpias y acordes con los parámetros internacionales.
También exigimos al sistema judicial que garantice un debido proceso, conforme las leyes del país y las convenciones internacionales y regionales suscritas por el estado de Nicaragua. Esto incluye juicio oral y público en una sala de juicios, respeto a la dignidad humana, derecho a la defensa con un representante legal elegido por cada acusado y la posibilidad de cada defendido de participar en la preparación de sus respectivas audiencias.
Exigimos justicia. Si la hay, cada una de los más de 140 nicaragüenses ilegal e injustamente encarcelados será liberado.
Cada prisionero político es una certera pedrada en el corazón de la ignominia.
A 165 años de la Batalla de San Jacinto seguimos luchando desde trincheras cívicas por una Nicaragua libre, justa, participativa y democrática. ¡Viva Nicaragua libre de dictaduras!
