La cancelación de personería jurídica a universidades viola la autonomía universitaria

La Alianza Cívica denuncia que el régimen Ortega – Murillo es enemigo de la autonomía universitaria, de la institucionalidad y de la libertad de expresión; y se solidariza con sus víctimas.

La Asamblea Nacional controlada por el oficialismo canceló la personería jurídica a 16 organizaciones sin fines de lucro, alegando supuesto incumplimiento de la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Este acto violenta el derecho a la educación, el derecho a organizarse, a fundar asociaciones y engrosa la lista de organismos ilegalizados en Nicaragua, que en enero de 2021; llegaba a 61; por lo que, al sumar las 16 organizaciones canceladas este miércoles 02 de febrero; se eleva a 77. El régimen Ortega -Murillo dio un duro golpe a la juventud de Nicaragua, al hacer desaparecer cinco universidades en cuestión de horas. Cinco comunidades educativas más viven en este febrero, la incertidumbre y frustración experimentadas por la comunidad educativa de la Universidad Hispanoamericana; universidad que el gobierno desapareció el 13 de diciembre 2021.

La maniobra votada por todos los diputados de los Ortega – Murillo; avanza la agenda enemiga de la autonomía universitaria y, por consiguiente, de la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, y la libertad de expresión a que tiene derecho la comunidad universitaria de Nicaragua. No hay universidad verdadera sin libertad.

En 2018, la comunidad universitaria se tomó las calles y los recintos para volver a demandar la autonomía y el 6%. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Agraria fueron las primeras víctimas. Su falta de autonomía se acentuó después de la gesta de abril de 2018, cuando el régimen les ordenó criminalizar a sus propios estudiantes y expulsar de sus recintos a los líderes de las protestas.

Ahora, el escozor que la juventud le produce a los Ortega – Murillo se traduce en la desaparición de cinco universidades más. El país entero sabe que, a la Universidad Centroamericana, UCA, el Consejo Nacional de Universidades, CNU le arrebató el 90% de su presupuesto estatal por haber refugiado a miles de personas perseguidas a balazos por policías y paramilitares. A la Universidad Politécnica de Nicaragua, Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco; la Universidad Paulo Freire, la Universidad Humanista y la Universidad Popular de Nicaragua; las desaparecen por haber defendido a sus estudiantes.

La maniobra busca someter a la juventud al catecismo que se imparte en las instituciones bajo su égida. Es un catecismo de sometimiento, donde no hay posibilidad de expresarse libremente. Los Ortega – Murillo buscan que toda esta generación actúe a como los de la Juventud Sandinista, o los de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Lo mismo procuraban los Somoza, y para lograrlo negaban el 6% y perseguían, criminalizaban y expulsaban a quienes alzaban su voz.

Pero las ansias de libertad, justicia y democracia de la juventud nicaragüense no podrán ser extinguidas. Ni las masacres de 2018 ni las maniobras ilegales de hoy prevalecerán sobre la convicción de que sólo una educación de calidad abrirá las puertas a un futuro sin dictadura.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se solidariza con la comunidad estudiantil y docente de estas nuevas víctimas de los Ortega – Murillo, con sus directivos, trabajadores y los miles de beneficiarios de las 16 asociaciones y organismos sin fines de lucro que fueron ilegalizados el miércoles 2 de febrero de 2022.

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