En abril, centenares de nicaragüenses se movilizaron en las calles en reclamo por la desidia gubernamental frente al incendio de la Reserva Indio Maíz y después por las reformas a la seguridad social que golpeaban a asegurados y jubilados. El Estado respondió con la represión ejecutada por la Policía Nacional. La juventud se levantó indignada desde las universidades y los barrios aledaños.
La indignación creció y se multiplicó cuando cayó el primer asesinado por los disparos de la Policía Nacional. Desde entonces, una insurrección cívica, en cuya vanguardia ha estado la juventud, se ha gestado en toda Nicaragua, con protestas y movilizaciones, tomas de recintos universitarios, barricadas, movilización de campesinas y campesinos, tranques, paros nacionales, caravanas, marchas, desobediencia estudiantil, peregrinaciones, vigilias y plantones. El Pueblo recuperó los espacios públicos, las calles, los monumentos, la música y plazas. Nicaragüenses en el extranjero han acompañado esa insurrección cívica con una gigantesca red de solidaridad que ha movilizado consciencias. Todas y todos hemos demandado a una sola voz ¡Justicia y Democracia!
La dictadura ha respondido con plomo
Un enorme despliegue de la Policía Nacional y de fuerzas parapoliciales ha estado a la cabeza de la represión que ya ha cobrado la vida de más de 300 hermanos y hermanas; miles han sufrido secuestros, centenares aún permanecen en las cárceles y son procesados en juicios ilegales; miles de compatriotas han sido obligados al exilio por las persecuciones y amenazas, y centenares se han desplazado de sus casas y lugares de habitación por las amenazas y el hostigamiento orteguista.
El régimen ha desatado la violencia contra quienes pretendemos ejercer nuestro derecho a la protesta cívica y demandamos el establecimiento de la justicia, las libertades ciudadanas y la democracia. El derecho a la vida, a la integridad personal, a la paz y la tranquilidad han sido vulnerados. El derecho a la protesta cívica se ha convertido en delito. Las familias nicaragüenses se encuentran inseguras y amenazadas.
Por voluntad del régimen, la situación económica se deteriora, haciendo que miles de personas pierdan sus empleos y que centenares de pequeños negocios estén cerrando operaciones. Decenas de personas sufren tomas de tierras ejecutadas por fuerzas del orteguismo como castigo a sus propietarios. La dictadura ha respondido con mentiras.
La propaganda orteguista ha pretendido desaparecer a las personas asesinadas, mientras glorifica a los asesinos. Una campaña de mentiras se realiza a nivel nacional e internacional por voceros de la dictadura, que acusan al pueblo que protesta de vandálico, delincuente, golpista y terrorista; de actuar como instrumento de intereses extranjeros e incluso del crimen organizado.
El régimen también ha acusado a los obispos y sacerdotes de golpistas y terroristas. Las organizaciones internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también han sido acusadas de elaborar informes falsos sobre la situación de los nicaragüenses.
La dictadura ha llevado sus acusaciones hasta la Organización de Estados Americanos (OEA), señalando a diversos países de ser parte de un supuesto complot golpista.
Ni una sola de las mentiras del régimen Ortega – Murillo ha sido creída. La condena internacional es prueba de eso.
Desde la calle, donde hemos estado por más de cuatro meses, acusamos a la dictadura.
Acusamos al régimen Ortega-Murillo de secuestrar el Estado y sus instituciones, convirtiéndolas en instrumentos ciegos y dóciles de la familia en el poder.
Acusamos a la dictadura de secuestrar la soberanía popular y la democracia: de impedirnos decidir sobre nuestro propio destino, nuestra vida como pueblo libre, el rumbo político y económico de la nación, que a todos nos incumben porque a todos nos afectan.
Acusamos a la dictadura de establecerse y mantenerse en el poder por los fraudes electorales, la ilegalización de la oposición, la intimidación, el soborno y las prebendas.
Acusamos al régimen de burlarse de la esperanza y aspiración de miles de nicaragüenses a una sociedad con oportunidades y equidad, entregando migajas en programas condicionados a la incondicionalidad política, discriminando y humillando a las personas más necesitadas.
En Nicaragua campean las desigualdades y la pobreza. Miles de nicaragüenses han sido forzados a migrar. Jóvenes, mujeres y hombres no encuentran oportunidades. Trabajadores y trabajadoras no ven mejorar su condición. Mientras tanto, valiosos recursos externos de la cooperación venezolana han sido utilizados para que la familia Ortega y sus allegados se enriquezcan.
Acusamos a la dictadura de secuestrar la justicia, llevándola al extremo de servir a su modelo de represión y violencia.
Acusamos al régimen de enmascarar y negar la violencia contra las mujeres, de falsear las cifras de femicidios y de debilitar las instituciones que la previenen y enfrentan, mientras manipulaba un discurso de promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Acusamos a la dictadura de secuestrar la autonomía regional y municipal, así como la autonomía comunitaria de los pueblos indígenas y afro-descendientes de la Costa Caribe, a quienes se les niega su cultura, costumbres y tradiciones y se les ocupan sus territorios.
Acusamos al régimen de empeñar la soberanía nacional con la concesión del territorio nacional para la construcción del llamado canal interoceánico, amenazando con arrebatarles sus tierras a miles de campesinos y campesinas.
Acusamos a la dictadura de haber liquidado la autonomía de las universidades públicas y de patrocinar sectores y organizaciones parasitarias del orteguismo que han confiscado el derecho a decidir del estudiantado universitario, su derecho a la libre organización y la rendición de cuentas del 6%.
Acusamos a la dictadura por sus crímenes
Por la masacre en Las Jagüitas en 2015, en la cual murieron tres personas; por el asesinato de seis personas, entre ellas los hijos de Doña Elea Valle, dos menores de edad criminalizados, cometida en la Cruz del Río Grande en 2017. Por el asesinato de más de 34 líderes indígenas y afrodescendientes en el Caribe Norte. Por todos ellos: niños jóvenes y adultos, líderes, opositores y disidentes al régimen, víctimas de la represión y asesinato durante más de 11 años, acusamos a la dictadura orteguista.
Por secuestrar la vida de centenares de chavalos y chavalas, estudiantes universitarios, de los barrios, comunidades y territorios.
Acusamos al régimen de disparar y asesinar a Nelson Téllez Huete el pasado 20 de abril; a Alvarito Conrado, jovencito valiente de 15 años, al cual una bala le silenció la voz cuando apoyaba la lucha de los universitarios en la zona de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); a José Abraham Amador, de Masaya, en los enfrentamientos cercanos al Mercado de Artesanías de esta ciudad; a Richard Pavón, de 17 años, en Tipitapa; al periodista Ángel Gahona, asesinado a sangre fría en Bluefields; a Michael Humberto Cruz Sánchez, en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), bastión simbólico de la lucha de abril; a Franco Valdivia Machado, asesinado por francotiradores en Estelí; a Marcos Antonio Samorio cerca de la zona de El Zumen en Managua; a Alvis Yamil Molina, en el barrio Batahola Norte en Managua; a la familia Pavón en el Barrio Carlos Marx, donde 4 adultos y 2 niños inocentes murieron encerrados e incinerados durante la operación limpieza en los barrios orientales de Managua; a Gerald Vásquez López (“El Chino”), de 20 años, y a Francisco Flores (“El Oso”), de 21, en el ataque a la Iglesia de la Divina Misericordia mientras luchaban en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN); el ataque brutal contra obispos, sacerdotes y Nuncio Apostólico en la Basílica de San Sebastián en Diriamba y la Parroquia de Santiago en Jinotepe; a los jóvenes asesinados en la masacre de la Marcha de las Madres y de la Marcha de las Flores; por el asesinato de Sandor Dolmus, monaguillo de la Catedral de León.
El régimen de Ortega disparó contra cada uno de los asesinados y asesinadas en cada rincón del país.
Acusamos a la dictadura por las decenas de desaparecidos, cuyas familias buscan, sin respuesta alguna. También le acusamos por el uso de cárceles clandestinas y de la violencia sexual como mecanismo de tortura.
Acusamos a la dictadura de Ortega y Murillo por asediar, intimidar, perseguir, reprimir, secuestrar y asesinar, haciendo uso de la Policía Nacional, de sus turbas, grupos de choque y fuerzas parapoliciales, jueces, fiscales y carceleros, al pueblo de Nicaragua en las protestas cívicas en todo el país.
Acusamos a la dictadura por pretender silenciarnos
Acusamos al régimen de desechar y ofender los símbolos nacionales, la bandera azul y blanco y el escudo nacional.
Acusamos a la dictadura de intentar secuestrar la verdad y la realidad a través del uso de su emporio mediático construido a los largo de estos últimos 11 años con el dinero mal habido. No contentos con esto, han reprimido a los pocos medios de comunicación independientes, mediante la censura y la intimidación, por ello, también le acusamos.
Acusamos a la dictadura de querer secuestrar la voluntad del pueblo por construir una Nueva Nicaragua y por tratar de desmovilizarlo a través del asedio, la criminalización de la movilización cívica y el secuestro de sus líderes y lideresas.
Acusamos al régimen de encarcelar a miles de nicaragüenses y de mantener como rehenes a Medardo Mairena y Pedro Mena, líderes del Movimiento Campesino, a Christian Fajardo y María Adilia Peralta, líderes del Movimiento 19 de Abril, de la heroica Masaya, a Rodrigo Espinoza, Hansel Vásquez Ruiz y Marlon Fonseca, del Movimiento Nacional 19 de Abril, a Irlanda Jerez, líder de los autoconvocados del Mercado Oriental, a Olesia Muñoz, líder y activista católica de Niquinohomo; a Brandon y Glen acusados por un crimen cometido por el orteguismo.
Para ellas y ellos, demandamos ¡Libertad, Libertad, Libertad!
Aspiramos a una Nicaragua con justicia y democracia.
Quienes nos hemos movilizado en estos meses aspiramos a una Nicaragua con justicia y democracia.
Queremos justicia para todos y cada uno de los asesinados, lesionados y heridos. Que los culpables sean identificados y que paguen por sus crímenes.
Queremos un país en paz, sin fuerzas paramilitares que amenacen la vida y la integridad de las familias nicaragüenses. Con una fuerza policial que sirva a todos y no sea la fuerza represiva de una familia en el poder.
Queremos un país con democracia, sin fraudes electorales, con respeto a nuestros derechos humanos, con plena vigencia de los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses.
Queremos un gobierno en un Estado de Derecho, con instituciones que sirvan a todos.
Creemos en la lucha cívica y en el diálogo
Estamos convencidos que la situación de Nicaragua puede resolverse por la vía de la movilización cívica del pueblo y el diálogo nacional.
Nuestra puerta ha estado abierta, pero el régimen ha cerrado la propia confiado en que la represión doblegaría al pueblo nicaragüense. Ortega ha boicoteado todo esfuerzo de diálogo, ha tratado de deslegitimar a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en su papel de mediadores y testigos y ha intentado intimidar a la Alianza Cívica con amenazas y el encarcelamiento de uno de sus integrantes.
El régimen Ortega-Murillo no ha sido capaz de reconocer que está acabado y que es el responsable del caos; que no tiene legitimidad por las dudosas elecciones que le han llevado al poder y por la matanza que ha provocado; que no puede seguir gobernando porque es incapaz de gestionar el poder y administrar el orden y la estabilidad de manera unilateral, incapacidad que está gestando una crisis de inseguridad e incertidumbre para los y las nicaragüenses. Frente a la soberbia, no ha dado los pasos que el momento exige para que Nicaragua transite hacia la libertad, la justicia y la democracia. Con Ortega en el poder ningún desarrollo es posible, por eso lo acusamos.
Ha quedado claro que el régimen no quiere la paz, el orden, la estabilidad, la justicia y la libertad para el Pueblo de Nicaragua.
¡La historia condenará al régimen Ortega – Murillo!
Nuestra vocación y decisión como pueblo es de lucha cívica y diálogo.
Por ello, consideramos indispensable:
- Exigir, desde todos los espacios posibles, la reinstalación del Diálogo Nacional con la CEN como mediador y testigo, e incorporando garantes internacionales apropiados.
El diálogo debe servirnos a los nicaragüenses para construir acuerdos políticos que propicien una solución a la situación nacional.
El cese de la represión y las represalias en todas sus formas; el desarme de las fuerzas parapoliciales y otros civiles armados, con supervisión internacional, así como el cese de la criminalización de la protesta y judicialización arbitraria e ilegal de quienes protestan son esenciales para lograr un diálogo fructífero.
El diálogo está llamado a definir la convocatoria a elecciones generales anticipadas, libres, transparentes y competitivas, con observación nacional e internacional para que los nicaragüenses en un ambiente de paz y libertad podamos decidir quiénes deben gobernar el país.
- Continuemos la movilización pacífica y cívica, tal y como lo hemos hecho, con la convicción de que ese es el camino, el de desplegar todas las formas de acción colectiva, en todo el territorio nacional.
- Fortalezcamos la unidad de todas las organizaciones y expresiones sociales en barrios, comunidades, comarcas, municipios, departamentos y en el nivel nacional, bajo la bandera azul y blanco.
- Desarrollemos jornadas de protesta y movilización para exigir la inmediata liberación de las presas y presos políticos, la anulación de todos los procesos ilegales. Expresemos nuestra solidaridad efectiva a sus familias y nuestro respaldo a las acciones de defensa y denuncia de su condición de rehenes de la dictadura.
- Sigamos denunciando, en todos los espacios internacionales, las violaciones a Derechos Humanos que la dictadura sigue cometiendo. Debemos estar seguros que no estamos solos y que la presión de la comunidad internacional a través de un mayor aislamiento y sanciones, son claves para alcanzar la libertad, la democracia y la justicia en Nicaragua.
Estamos cerca de lograr la Nicaragua con paz, justicia y democracia.
Somos un pueblo con vocación y decisión de avanzar y por quienes han tenido consecuencia y generosidad, lograremos la nueva Nicaragua.
¡Patria Libre y Vivir!
Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD)
Puede descargar una versión corta de la Proclama aquí (archivo PDF)
