A nivel mundial, el 09 de agosto se reconoce como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En nuestro país, en la Costa Caribe tenemos a los Ramas, los Mayangnas-Sumu-Ulwas, y los Miskitus; en el pacífico, centro y norte del país se encuentran pequeñas poblaciones de pueblos originarios como los Chorotegas, Nahoas o Nicarao, Xiu o Sutiaba o Maribios; y Matagalpas o Cacaopera. Aunque la Constitución Política aprobada en 1987 reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe, el Estado tiene una deuda pendiente en materia jurídica ante la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas del pacífico, centro y norte del país. A pesar de ello, los pueblos indígenas forman parte de nuestra diversidad cultural y nuestra identidad nacional.
Desde los pueblos indígenas de nuestro país, reconocen que no tienen mucho que celebrar, debido a diversos procesos de colonización externa e interna que amenazan sus formas de vida, deforestan sus bosques, y limitan su potencial de desarrollo político, económico, social, ambiental y cultural. El deterioro del Estado de Derecho y el aumento de la represión y la criminalización de la protesta, la organización social y la libertad de expresión en nuestro país, ponen en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo a nuestros pueblos indígenas.
Cada año disminuyen las masas boscosas de los territorios indígenas, ahora se ha vuelto común que los medios de comunicación publiquen sobre asesinatos, secuestros, lesiones y violaciones sexuales a comunitarios por colonos armados; de asedio a comunidades enteras, de quema de sus cultivos y sus casas temporales en sus áreas agrícolas, o incluso de desplazamiento forzoso de familias y comunidades enteras.
También desde las comunidades denuncian la imposición de autoridades por encima de las decisiones de sus asambleas comunitarias. Se impone como autoridades a personas allegadas a partidos políticos, quienes promueven las invasiones, la polarización y la violencia a nivel de las comunidades. Mientras tanto los responsables materiales e intelectuales de estas violaciones continúan impunes y gozan de los beneficios que genera el extractivismo en sus diversas formas.
El deterioro de los medios de vida de nuestros pueblos indígenas, el aumento de la inseguridad en los territorios indígenas y la deforestación de nuestros bosques y nuestras reservas naturales, es una evidencia del fracaso de las políticas públicas actuales y del modelo político vigente.
En este contexto, demandamos al Estado de Nicaragua el cumplimiento de sus responsabilidades como principal tutelar de los derechos de nuestros pueblos indígenas, así como a eliminar toda forma de discriminación racial y de socavamiento de la autonomía comunitaria de nuestros pueblos indígenas.
A la sociedad civil nicaragüense, les invitamos a conocer mejor a nuestros pueblos y valorar el gran aporte que hacen a la identidad de nuestro país y su potencial para construir el futuro que nos merecemos como país.
