Compartimos el texto integro de la carta que hemos entregado al Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas:
Subcomité para la Prevención de la Tortura
y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes
El 18 de abril de 2018, a raíz de unas reformas a la seguridad social, se desataron protestas pacíficas en distintas regiones del país, respondidas con un uso excesivo de fuerza letal de la Policía Nacional y grupos paramilitares. El uso desmedido de la fuerza dio lugar a movilizaciones nacionales en demanda de justicia y democracia que también han encontrado como respuesta la represión y restricciones al derecho de manifestarse.
La represión gubernamental se ha mantenido por casi dos años y ha transitado por varias fases que han perseguido objetivos y han tenido características distintas. En cada una de las fases de represión el gobierno ha elevado significativamente los niveles de violencia en contra de la población, especialmente contra líderes de organizaciones ciudadanas y políticas, periodistas y defensores de derechos humanos.
Bajo orientación gubernamental se instauró el uso excesivo de la fuerza policial, la presencia de grupos armados paraestatales que accionaron con la aquiescencia de la policía y el ejército, así como la ejecución de una estrategia estatal dirigida a impedir y criminalizar el derecho a la protesta pacífica y la movilización. Esta estrategia se refleja en la actuación de todas las diferentes instituciones del Estado: la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y, por otra parte, el Poder Legislativo, orientando su actuación a dar formalidad legal a la impunidad para los perpetradores, además de intentar controlar e intimidar a las familias de víctimas amenazándoles con perder el beneficio de la amnistía si reinciden.
En suma se ha realizado un uso sostenido y sistemático de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones arbitrarias. Siguiendo el protocolo de Estambul y tras el análisis técnico e independiente pericial de secuelas físicas y psicológicas a personas excarceladas políticas, se han logrado documentar decenas de casos, por parte de los sistemas de control social formal e informal (Policía Nacional y para-policiales), torturas físicas, sexuales y psicológicas, al igual que tratos humillantes y malos tratos
Desde el 19 de abril de 2018 a la fecha, la Policía Nacional acompañada por grupos parapoliciales y civiles armados, han llevado a cabo cientos de detención arbitrarias, incluyendo la de menores de edad, entre 14 y 17 años. Estas detenciones han sido masivas e indiscriminadas, en el marco de las distintas manifestaciones, así como durante y en los meses posteriores a la llamada “Operación Limpieza”.
En el 2019 con una lógica selectiva hacia líderes y activistas. Estas detenciones han tenido lugar en distintas ciudades del país. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 señala varios elementos vinculados a esta política de detenciones arbitrarias y observó un “uso desviado del ejercicio de las facultades legales de detención, por lo tanto, la arbitrariedad resulta indiscutible”.
Los patrones de violaciones a los derechos humanos se han producido a partir del secuestro o de detenciones ilegales, la ineficacia de los recursos de exhibición personal, así como en las audiencias y el juicio oral.
Las autoridades que están obligadas a cumplir con la ley y con las garantías constitucionales han actuado de forma arbitraria, discrecional y en contra de ley expresa, sin excepción a las personas que han sido ilegalmente detenidas se les ha violado el derecho a la presunción de inocencia.
Asimismo, se han violentado de forma reiterada las garantías mínimas contenidas en el Artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua y en distintos instrumentos jurídicos de derechos humanos.
Las personas han sido encarceladas y están siendo judicializada por la criminalización del ejercicio de los derechos humanos, han sido sustraídas de su juez natural, capturadas por órdenes de autoridades sin competencias o secuestradas por civiles armados que operan con la policía, han sido llevadas a centros ilegales donde han permanecido detenidos y la presentación ante las autoridades judiciales es superior a las 48 horas que establece la norma constitucional, en algunos casos después de transcurridas 96 o hasta 150 horas después de su detención ilegal o secuestro.
Le anexo los Patrones relativo a las detenciones de personas presas políticas en el contexto nacional a partir del 18 de abril de 2018.
Igualmente le adjunto la lista preliminar de personas detenidas y presas políticas al 26 de marzo de 2020.
Petición:
Que en el marco de lo declarado por distintas autoridades de organismos de derechos humanos, en particular la doctora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos, se demande al estado de Nicaragua la liberación de todas las personas presas políticas, porque han sido capturadas no por haber cometido delitos, sino por ejercer derechos fundamentales y porque la realidad de la pandemia del COVID 19, así lo exige.
Carlos Tünnermann Berheim
Coordinador General
Copia:
António Guterres, Secretario general de las Organización de las Naciones Unidas (ONU)Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA)
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos
Joel Hernández, Presidente Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Antonia Urrejola, Vice presidenta CIDH
Monseñor Waldemar Stanisław Sommertag, Nuncio apostólico en Nicaragua
Descargar lista-informe preliminar de personas detenidas y presas políticas al 26 de marzo 2020
