Carta a testigos y garantes sobre el incumplimiento de los acuerdos

Compartimos el texto integro de la carta que hemos entregado a:

Monseñor
Waldemar Stanisław Sommertag
Nuncio Apostólico

Señor
Luis Ángel Rosadilla
Representante personal del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Testigos, acompañantes y garantes del Acuerdo para la facilitación de la liberación de los presos políticos

Estimados señores:

Tenemos el honor de dirigirnos a ustedes en su carácter de testigos, acompañantes y garantes del primer acuerdo adoptado en la mesa de negociación el día 27 de marzo del año en curso, referente a la facilitación del proceso de liberación de los presos políticos. En tal sentido, queremos manifestarle que en nuestro concepto las personas liberadas, hasta el momento, no lo han sido de la manera que establece el párrafo segundo del acuerdo y que literalmente dice:

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), procederá a la liberación definitiva, entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas más allá de la excarcelación de las referidas personas privadas de libertad, así como a la regulación de la situación jurídica de las mismas, de conformidad con la legislación vigente y las garantías constitucionales del caso.”

A ninguno de los liberados se les ha procedido a “cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales”, ni tampoco se les han anulado los registros de antecedentes penales por las autoridades competentes. A estas alturas a un número significativo de personas no les han sido devueltas sus pertenencias inclusive sus cédulas de identidad, ni pasaportes. Tampoco se han cerrado los juicios, ni cancelado los antecedentes penales de las 296 personas procesadas y que no habían sido capturadas.

Por otra parte, el referido Acuerdo, habla de la necesidad de elaborar los correspondientes protocolos operativos que les den las garantías suficientes a las personas excarceladas, no obstante que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia entregó, a la delegación del Gobierno en la Mesa de Negociación una propuesta de “Protocolo de garantías de seguridad de las personas liberadas definitivamente en contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018,” sin que el gobierno haya manifestado hasta el momento su opinión sobre el mismo, pese a nuestras reiteradas demandas para que el Gobierno reaccione a nuestra propuesta de protocolo.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha recibido reiteradas denuncias de excarcelados y de sus familiares de actos de intimidación de parte de la Policía y de paramilitares, así como asedio, actos contra la integridad personal, la libertad de movilización y la libertad religiosa. Hemos visto, con mucha preocupación una constante campaña de odio de parte de los medios controlados por el régimen en contra de las personas excarceladas, lo que acrecienta el riesgo de que sean objeto de violaciones a sus Derechos Humanos.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia considera que debería procederse a que se haga efectivo el funcionamiento del Mecanismo de Coordinación y comunicación de la Mesa de Negociación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), previsto en la cláusula cuarta del aludido Acuerdo, y que se ha venido designando con el nombre de Comité Técnico. La Alianza, por este medio, reitera la urgencia de que dicho Comité proceda a reunirse para revisar la lista adicional de personas presas como consecuencia de los actos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, que se actualizó en la carta enviada al CIRC con copia a ustedes el 28 de mayo pasado.

Desde que se aprobó la Agenda de la Negociación por la Mesa, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia le dio toda la importancia al punto tres que literalmente dice: “La liberación, dentro de un plazo máximo de 90 días de todas las personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018.” Este punto dio lugar a la cláusula quinta del Acuerdo al que nos venimos refiriendo que literalmente dice: “El plazo máximo para la liberación de todas las personas presas y detenidas será de 90 días calendarios a partir del 20 de marzo del 2019.” En consecuencia, la Alianza con justificada razón ha afirmado que espera que el régimen cumpla con este compromiso el día de hoy 18 de junio, que es cuando se cumple el plazo señalado.

El propósito de esta carta es solicitar a ustedes que, como garantes del acuerdo, tomen en cuenta estos incumplimientos en que ha incurrido el régimen a fin de que se realicen las gestiones que correspondan y que puedan abordarse los temas pendientes de la agenda de negociación; rescatando la credibilidad de la mesa para que los acuerdos que se logren en la misma permitan abonar a la solución de la crisis.

En cuanto a la evaluación final del cumplimiento del Acuerdo, que es de la exclusiva competencia de la Mesa de Negociación conjuntamente con los testigos y acompañantes, manifestamos que estamos dispuestos a participar en dicha evaluación una vez que el régimen cumpla con los compromisos a que nos hemos referido en la presente carta y que todavía están pendientes.

Agradecemos su compromiso y entrega en esta negociación.

Dr. Carlos Tünnerman
Max Jerez
Juan Sebastián Chamorro
José Bernard Pallais A.
José Adán Aguerri
Mario Arana

Managua, 18 de junio del 2019

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