Las organizaciones sociales y políticas firmantes, expresamos nuestro compromiso de trabajar UNIDOS para restablecer la confianza en el sistema electoral y la realización de elecciones libres, justas, transparentes y observadas, conscientes que esta es la única salida cívica y pacífica a la actual crisis política, social y económica y es el paso indispensable para iniciar la transición democrática del país.
La discusión y aprobación de las reformas electorales fundamentales que deben aprobarse con la participación activa de todos los nicaragüenses y de los organismos internacionales y nacionales de incuestionable credibilidad, experiencia y conocimiento de la realidad electoral nacional, deben garantizarnos devolvernos a los ciudadanos, el derecho a elegir y ser elegido libremente y a restablecer la confianza en la administración del Sistema Electoral, para lo cual es indispensable el nombramiento de nuevos Magistrados en el Consejo Supremo Electoral; quienes deberán comprometerse a garantizar la administración del proceso electoral en forma independiente, profesional y transparente.
También resulta fundamental, realizar reformas que restablezcan en forma efectiva la transparencia y garantías constitucionales y legales del proceso electoral, para lo cual consideramos necesario: a) Exigir la obligatoriedad de la observación electoral nacional e internacional conforme los estándares internacionales de la materia; b) Garantizar la elaboración de un único padrón electoral que permita el ejercicio del derecho al voto de todos los ciudadanos habilitados legalmente, a través de la implementación oportuna de un proceso técnico efectivo de auditoría y depuración, complementado con un proceso legal de cedulación y verificación masiva sin restricciones; c) Realizar las modificaciones legales necesarias para hacer más efectivo el trabajo de los fiscales de los partidos políticos en todas las etapas del proceso electoral y ante todos los órganos electorales; y d) Implementar las recomendaciones técnicas y legales que garanticen un mecanismo eficiente de transmisión y publicación de resultados que reflejen la verdadera voluntad popular.
Estas propuestas coincidimos también, deberán complementarse con otras reformas sustanciales que oportunamente estaremos compartiendo y entre las que destacan las relacionadas a la Costa Caribe del país, las cuales están sustentadas en el derecho consuetudinario y la sentencia de la CIDH del año 2005.
