Condenamos la arbitraria cancelación de la personalidad jurídica de cuatro organismos no gubernamentales, que gozan de reconocimiento nacional e internacional, y que se han caracterizado por la investigación y formación en favor de la defensa protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua. Asimismo, advertimos que las citas ya recibidas por otros organismos no abonan al ambiente de paz y reconciliación promovido por este gobierno.
Los procesos de cancelación de personalidad jurídica efectuados a Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), Instituto de Estudios Estratégicos y de Políticas Públicas (IEEPP), Hagamos Democracia y Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), se han basado en la creación infundada de delitos, violentando todo debido proceso.
Esta acción es una nueva violación a la Constitución Política de Nicaragua, que en su Artículo 49 establece del Derecho de asociación. “En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y el campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las Comunidades de la Costa Atlántica y los pobladores en general, sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad. Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario, según su naturaleza y fines.”
Lo realizado contra estas organizaciones forma parte de una nueva fase de represión hacia la sociedad nicaragüense, al pretender silenciar organismos con capacidad y compromiso por evidenciar las violaciones derechos humanos en el país.
Este patrón represivo de los derechos humanos también busca debilitar la articulación de esfuerzos por la búsqueda de una pronta salida dialogada y pacífica, advertimos del riesgo que tienen actualmente todas las organizaciones sin fines de lucro que contribuyen a la protección de los Derechos Humanos de Nicaragua, la investigación y la promoción de la democracia y la justicia.
