La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) condena con firmeza las graves violaciones a los derechos humanos, laborales y ciudadanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis provocada por la destrucción de la Constitución, el colapso del Estado de Derecho y la represión sistemática contra quienes piensan diferente, trabajan con dignidad o defienden la libertad.
El régimen ha arrebatado al pueblo nicaragüense su derecho a expresarse, organizarse y vivir en democracia. Ha perseguido a la Iglesia, periodistas, médicos, obreros, campesinos, docentes, empresarios, servidores públicos y a los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense. Ha clausurado los espacios de diálogo y ha destruido la confianza y la convivencia nacional.
Hoy el país enfrenta las consecuencias de esa deriva autoritaria: Nicaragua está cada vez más aislada del mundo y corre el riesgo de ser excluida del Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR) y/o la imposición de aranceles a sus exportaciones hacia el mercado estadounidense. Ambas decisiones afectarían directamente el empleo y el sustento de miles de familias trabajadoras.
La responsabilidad de esta crisis no recae en el pueblo nicaragüense ni en las naciones democráticas que defienden los derechos humanos, sino en el régimen que ha violado toda norma ética, legal y humana.
Desde la Alianza Cívica expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores que viven con incertidumbre y miedo por su futuro.
Reafirmamos nuestro compromiso con una salida cívica, pacífica y democrática que devuelva la libertad, las oportunidades y la esperanza a nuestra patria.
Sabemos que el cambio es posible. La dignidad del pueblo nicaragüense es más fuerte que la represión.
Nicaragua merece vivir sin miedo, en libertad y con trabajo digno.
