Hoy, 01 de febrero; inician los juicios contra los presos políticos que están detenidos de forma ilegal y arbitraria en la Dirección de Auxilio Judicial Complejo Evaristo Vásquez Sánchez; conocido como el “nuevo Chipote”; un centro de detención considerado por organismos de derechos humanos del ámbito nacional e internacional como “una cárcel de tortura”.
Según el comunicado 001-2022 del Ministerio Público de Nicaragua “… estarán siendo procesadas por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer delitos de lavado de dinero, bienes y activos”. La reactivación de estos procesos se realiza tres meses después de haber sido suspendidos arbitrariamente con la finalidad de prolongar la prisión preventiva y arresto domiciliar como una forma de anticipación de pena ilegal.
Los procesos penales contra los presos políticos están plagados de ilegalidades desde el mismo momento de las detenciones, las cuales se ejecutaron sin informar la causa o razones de detención e incluso; sin orden o mandamiento judicial como lo exige la Constitución en el artículo 33 numeral 2.1.
Posterior a la detención, los presos políticos estuvieron prácticamente desaparecidos e incomunicados durante más 80 días y sometidos a audiencias secretas y acusaciones basadas en leyes inconstitucionales (Ley N ° 1055 y Ley N °1060) y con graves inconsistencias técnicas, tanto en la calificación de los hechos como en la imputación de responsabilidades y en flagrante violación de todas las garantías de un debido proceso establecido en nuestra Constitución Política.
Los presos políticos deben ser liberados inmediatamente y sin condiciones porque: a)no han cometido ningún delito, son inocentes, b) los procesos judiciales están basados en cargos infundados, c) con ausencia y obstáculos para acceder a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada, d)sometidos a prisión preventiva en vulneración a los estándares de derechos humanos, e) Falta de efectividad del recurso de exhibición personal o habeas corpus f) falta de acceso, comunicación e información entre las personas detenidas y sus familiares en contravención de la legislación nacional e internacional en la material, g) incumplimiento de los términos y plazos legales, etc.
La cadena de ilegalidades que se han cometido en estos procesos en contra de los presos políticos conlleva la nulidad de los mismos. Los operadores del sistema judicial han violado de forma flagrante la Constitución, las leyes de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
A tres años de los Acuerdos del 27 y del 29 de marzo del año 2019, suscrito entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y una delegación del régimen, referentes a la liberación de presos políticos, y el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas; es urgente que se muestren de inmediato acciones en favor del restablecimiento democrático que demandamos los nicaragüenses.
Como Alianza Cívica continuamos realizando las gestiones necesarias que garanticen la defensoría legal adecuada y exigiendo la liberación de todos los presos y presas políticas, así como el fin del asedio e intimidación. Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad del pueblo nicaragüense, el respeto a nuestras garantías constitucionales. Queremos paz, seguridad, estabilidad y el respeto a los Derechos Humanos. Nuestro trabajo no se detiene.
Exigimos libertad para las presas y presos políticos porque ¡son inocentes!
