Entre los Derechos Políticos que la Constitución Política reconoce, está el derecho que tenemos los ciudadanos de “hacer peticiones y denunciar anomalías” (Cn. Arto. 52), ya sea en forma individual o colectiva a los Poderes del Estado o cualquier autoridad.
En base a ese derecho irrenunciable, al conocerse a través de los medios de comunicación un proceso de licitación pública entre el Banco Centroamerica de Integración Económica (BCIE) y la Policía Nacional, miles de nicaragüenses han firmado una petición al BCIE para evitar este financiamiento.
Como parte de los miles de ciudadanos que hacen uso de su derecho constitucional a disentir y reclamar el respeto a los derechos humanos, lo hizo Juan Sebastián Chamorro, miembro del equipo de negociador de la Alianza Cívica.
El régimen no tolera que existan derechos, voces, ni acciones fuera su dominio y por eso ha forzado a empleados del Estado y a otros ciudadanos a demandar la destitución de Juan Sebastián como miembro de la Mesa de Negociación.
La campaña desatada por el régimen contra Juan Sebastián y la Alianza Cívica en general, a través de insultos, amenazas y asedio tiene como objetivo justificar el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno. Una vez más el régimen hace gala de la represión y el asedio a la libertad.
La Alianza Cívica, respetuosa del derecho a la libertad de pensamiento y de todos los derechos humanos respaldamos plenamente a Juan Sebastián. Lo que diferencia al pueblo Azul y Blanco, es el respeto a la libertad de pensamiento, y la promoción de los derechos humanos.
Exigimos al régimen el cumplimiento de los acuerdos firmados, que no es más que el respeto a los derechos inherentes de los ciudadanos nicaragüenses. Reiteramos la voluntad de diálogo en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis, que pase por la libertad plena, la verdad, la justicia y la celebración de elecciones libres, transparentes y anticipadas.
