Día 126

Organizaciones de derechos humanos denuncian la detención ilegal de diez manifestantes en Masaya, Chontales y Matagalpa y los acusa de terrorismo y portación ilegal de armas.

Monseñor Silvio Fonseca, vicario de Familia, Vida e Infancia de la Arquidiócesis de Managua afirma que “Nicaragua vive una represión nunca vista en su historia”.

Grupos paramilitares secuestran al abogado Carlos Cárdenas Zepeda, ex asesor de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).

La Asociación Española de Pediatría alerta sobre el impacto perjudicial que tendrá el despido de pediatras nicaragüenses en los distintos hospitales públicos del país.

La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz pide enjuiciar a culpables del “intento de asesinato” del Secretario Político del partido de Gobierno, en Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).

Siete ex presidentes de Costa Rica muestran su posición contra la xenofobia hacia nicaragüenses y señalan que “perversos intereses pueden estar azuzando el odio”.

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica urge al Poder Legislativo aprobar la ley contra la discriminación y el racismo, tras las manifestaciones xenofóbicas violentas contra migrantes nicaragüenses.

El senador Marco Rubio, miembro del Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos, propone enmiendas al proyecto de Presupuesto para el área de Defensa 2019, para abordar crisis política de Nicaragua y Venezuela.

Epsy Campbell, Primera Vicepresidenta y Canciller de la República de Costa Rica,  informa que el Gobierno creó un protocolo para el manejo de atención integral de los flujos migratorios extraordinarios.

Autoridades de la UNAN Managua niegan firma de acuerdo con el Gobierno para permitir el ataque de grupos paramilitares contra estudiantes atrincherados en ese recinto.

La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz acusa a la ANPDH de manipular cifras de muertos y divulgar información falsa.

El Movimiento 19 de Abril y ciudadanos en el exilio agradecen al Gobierno de Costa Rica por el apoyo a los nicaragüenses y condenan todo acto de terror y odio del Gobierno de Nicaragua dentro y fuera de las fronteras.

Policía Nacional y trabajadores de la Alcaldía de Estelí desalojan a tomatierras que aseguran que Francisco Valenzuela, alcalde de dicha localidad les había prometido la legalización del terreno.

Asesinan a productor en El Cuá, Jinotega, miembros del partido opositor Ciudadanos por la Libertad denuncian que fue asesinado por grupos encapuchados ligados al partido de Gobierno.

Héctor Ferreira, subsecretario de Agricultura y Ganadería (SAG) de Honduras asegura que la crisis en Nicaragua ha beneficiado al sector lácteo de dicho país al estar suspendida las importaciones de lácteos.

Carlos Pastora, gerente general de Canal 10 se refugia en la Embajada de Honduras en Managua luego de una orden de retención migratoria en su contra.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Gobierno analiza los movimientos financieros de Carlos Pastora, gerente general de Canal 10, a quien acusan por presuntas acciones de lavado de activos y traslado de bienes adquiridos ilícitamente.

Personal de prensa de Canal 10 asegura que el noticiero Acción 10 que se transmite por ese medio no ha cambiado su línea editorial.

Gobierno de Nicaragua derrocha millones de córdobas en marchas y contramarchas para deslegitimar la lucha cívica de la población autoconvocada.

Gobierno de Costa Rica instala Sala de Situación para monitorear el flujo permanente de migrantes en la frontera con Nicaragua.

 

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Desde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia; condenamos la persecución, hostigamiento, asedio y criminalización de la que está siendo objeto la iglesia católica nicaragüense por parte de la dictadura Ortega-Murillo. Observamos con profunda preocupación los recientes acontecimientos que no solo afectan la libertad religiosa; sino también ponen en riesgo la labor pastoral […]

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Nuestra solidaridad con los miembros y familiares de Unamos

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condena las recientes detenciones ilegales y arbitrarias de ciudadanos y familiares de opositores pertenecientes a la organización política Unión Democrática Renovadora. Esta escalada represiva representa un signo de perversidad, que al no encontrar a los objetivos de su cacería; encarcelan a miembros de su entorno familiar. […]