Los juicios políticos de Managua, que se celebran en la cárcel de tortura conocida como¨ El nuevo Chipote¨, culminó este miércoles 23 de febrero con declaración de culpabilidad por parte del juez Félix Ernesto Salmerón Moreno en contra de siete opositores al régimen. En este juicio se realizaron siete audiencias a puertas cerradas. Cada audiencia ha tenido una duración de más de 10 horas. Un juicio que se prolongó por siete días como una forma de incrementar el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares.
El Ministerio Público pidió una pena de 13 años de prisión para Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri Chamorro, José Pallais Arana y Félix Maradiaga Blandón; nueve años de prisión para Arturo Cruz Sequeira; ocho años de prisión para Violeta Granera Padilla y Tamara Dávila. El jueves 03 de marzo el juez dictará la sentencia.
Los lideres opositores son acusados, juzgados y condenados por el delito de “menoscabo de la integridad Nacional”, porque se atrevieron a alzar su voz y pedir justicia, libertad y democracia para Nicaragua. Este y todos los demás juicios realizados desde el 01 de febrero están plagados de ilegalidades y violaciones a los derechos y garantías del debido proceso legal, por lo que se trata de procesos nulos, en los que se han dictado sentencias nulas de pleno derecho al estar fundamentadas en acusaciones fabricadas en contra de personas inocentes y emitidas por jueces incompetentes, parciales y al servicio del régimen autoritario de Ortega-Murillo.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denuncia la instrumentalización de Sistema Judicial y la violación del marco constitucional y legislación penal vigente, para criminalizar a opositores. La crueldad del régimen de Ortega Murillo no tiene límites, el dia martes 15 de febrero ha despojado de su personalidad jurídica a seis organizaciones no gubernamentales: Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, Asociación Pen Internacional Nicaragua, Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos, Centro Nicaragüense de la Promoción de la Juventud y la Infancia, Fundación Iberoamericana de la Culturas y Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Aráuz. Un día después, se canceló la personalidad jurídica a otras seis organizaciones: Fabretto Children’s Foundation, lnc., Trocaire, Comundo, We Effect, Creative Associative, lnc y Global Communities. Y hoy, 23 de febrero cancelaron a la Asociación Universidad Tecnológica Nicaragüense (UTN) y la Asociación Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía Uston Granada.
Con estas acciones la dictadura pretende callar a la sociedad civil que por años ha acompañado a los sectores de la población nicaragüense más vulnerables. Las resoluciones emitidas por una Asamblea Nacional integrada por diputados que no han sido electos por los nicaragüenses, no tienen legitimidad ni legalidad alguna, no obstante, las afectaciones al funcionamiento de estas organizaciones eliminan los beneficios que brindaban a miles de nicaragüenses. Ante tanta arbitrariedad y violaciones de derechos constitucionales, la Alianza Cívica exige la nulidad de todos los juicios contra los presos políticos y la liberación inmediata y sin condiciones de los mas de 170 presos políticos y el cese de la persecución en contra de las organizaciones civiles.
