A la opinión pública nacional e internacional, gobiernos democráticos, organismos multilaterales, redes de solidaridad y actores de cooperación

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) expresa su profunda preocupación ante la reciente excarcelación parcial de aproximadamente cincuenta personas presas políticas en Nicaragua. Estas excarcelaciones, realizadas bajo condiciones restrictivas, no representan libertad plena, sino una modalidad renovada de control estatal. Informes de Human Rights Watch y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentan que estas medidas equivalen a un cautiverio ampliado, caracterizado por vigilancia policial permanente, arresto domiciliario, restricciones de movilidad y ausencia total de garantías jurídicas.

A pesar de esta medida parcial, decenas de personas continúan injustamente privadas de libertad, sometidas a aislamiento, tortura psicológica, incomunicación prolongada y procesos judiciales sin independencia ni debido proceso. Mecanismos internacionales de derechos humanos —incluyendo la OACNUDH y la CIDH— han registrado un patrón sostenido de nuevas detenciones arbitrarias dirigidas contra líderes sindicales, religiosos, indígenas, comunitarios, defensores de derechos humanos, estudiantes, periodistas y personas que ejercen legítimamente sus libertades fundamentales.

Es fundamental subrayar que esta excarcelación no constituye un gesto de apertura democrática. La estructura represiva del Estado sigue operando sin controles efectivos, y el riesgo de nuevas detenciones continúa siendo extremadamente alto. La realidad es inequívoca: la represión persiste y las personas continúan siendo privadas de libertad por ejercer derechos reconocidos internacionalmente.

En este contexto, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia declara:

1)   Liberar a algunos no significa libertad para todos. El régimen mantiene personas encarceladas, continúa realizando nuevas detenciones y persigue sistemáticamente la organización sindical, social, comunitaria, religiosa, indígena y estudiantil.

2)   Alertamos sobre el riesgo extremo de nuevas detenciones arbitrarias. La represión mantiene un patrón cíclico: el Estado libera bajo presión internacional y luego vuelve a encarcelar para sostener un clima de temor y control generalizado.

3)   Instamos a la comunidad internacional a fortalecer su respaldo a las demandas de los organismos de derechos humanos. Este respaldo debe expresarse no solo en acciones diplomáticas y políticas, sino también en decisiones comerciales, financieras, técnicas, de cooperación y de relacionamiento bilateral o multilateral, garantizando que:

  • Se exija la liberación total de todas las personas presas políticas.
  • Se demande el cese inmediato de nuevas detenciones arbitrarias.
  • Se promueva la restitución íntegra de derechos constitucionales y libertades fundamentales.
  • Se rechace el uso instrumental del sistema judicial como mecanismo de persecución.

4)   Exigimos que no quede una sola persona presa en las cárceles del régimen Ortega-Murillo. Cada persona inocente privada de libertad es una herida abierta en la conciencia de los nicaragüenses y una prueba del abuso sistemático del poder absoluto.

La ACJD comparte la tranquilidad y el alivio de las familias que hoy ven regresar a sus seres queridos después de meses o años de encarcelamiento, un periodo marcado por torturas, incertidumbre y un desgaste emocional y económico profundo. Para muchas familias, verles en casa significa el fin de la búsqueda desesperada de alimentos para la cárcel, el cese de los costosos viajes para visitas breves y, sobre todo, el final del terror cotidiano.

Verles regresar es liberar también a la familia de una carga invisible. Es el alivio de saber que la pesadilla ha terminado. Por ellos y por quienes aún esperan justicia, reiteramos nuestro llamado:

¡Que las cárceles queden vacías de presos políticos!

Nuestra meta es un compromiso con la justicia, la verdad y el reencuentro de todas las familias.

La ACJD reafirma su compromiso firme y permanente de seguir impulsando, por la vía cívica y pacífica, una transición democrática que garantice libertades plenas, dignidad, justicia y el respeto irrestricto de los derechos humanos para todas las personas en Nicaragua.

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