La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia considera que la propuesta de reforma de la ley electoral, que está impulsando el gobierno, es una reforma regresiva y antidemocrática, que de aprobarse tal como está solo recortaría aún más nuestros derechos y libertades.
Además, esta reforma va en sentido contrario a las reformas electorales exigidas por la Organización de los Estados Americanos, por la Unión Europea y una diversidad de organismos internacionales, para que en noviembre se puedan celebrar unas elecciones libres justas y observadas, donde la ciudadanía mediante su voto decida libremente a quien quiere que le represente y a quien apoya para gobernar el país los próximos cinco años.
En el marco de este tercer aniversario del 19 de abril, los nicaragüenses no queremos una reforma que no garantice una salida de la grave crisis política e institucional que vive Nicaragua, tampoco queremos una reforma por la cual el gobierno pretenda perpetuarse en el poder, sin importar el costo, a través de unas elecciones amañadas y fraudulentas.
La falta de respuesta a la crisis sociopolítica que vivimos desde hace tres años solo continuaría agravando los resultados negativos en materia de derechos humanos, institucionalidad democrática y en el ámbito socioeconómico que han venido afectando a todos los nicaragüenses sin distingos ideológicos desde el 2018, profundizaría el odio y el incremento de la polarización social, ya gravemente afectada, y generando más represión, más desempleo y más pobreza.
Desde la Alianza Cívica le decimos al gobierno, le decimos a Ortega que ese no es el camino, que está actuando contra el sentir del pueblo, que está actuando contra el bienestar de toda la población en general. Que Nicaragua no le pertenece.
La Alianza Cívica seguirá reclamando reformas electorales necesarias para que las elecciones sean unas elecciones libres donde se respete y garantice la libre competencia, el pleno respeto a los derechos civiles y políticos y la igualdad de oportunidades de las diferentes opciones políticas, donde se garantice la transparencia de todo el proceso electoral con verificación y observación nacional e internacional independiente, donde se respete escrupulosamente el voto de la ciudadanía.
Es por ello que, solicitamos a la comunidad internacional, a la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y a las Naciones Unidas que sigan apoyando nuestra demanda para que las reformas que apruebe la Asamblea Nacional se ajusten a los estándares democráticos y a los parámetros acordados por la Asamblea General de la OEA y a las resoluciones de la Unión Europea.
Solo por medio del voto libre y secreto de la ciudadanía, después de una campaña competitiva con pleno goce de derechos, en libertad e igualdad de oportunidades para todas las opciones políticas, y a través de unas elecciones limpias y observadas, llevarán a las partes y a la comunidad internacional a aceptar y avalar el resultado de las urnas y podremos así salir de la grave crisis política e institucional que vive el país.
