Una vez más la dictadura Ortega-Murillo muestra su actuar negligente e irresponsable con los ciudadanos nicaragüenses al negar en reiteradas ocasiones el derecho constitucional a sus ciudadanos a entrar y salir libremente del país sin más requisitos que los que la ley establece. Ante esto, la Coalición Nacional, agradece a los organismos de Derechos Humanos que se han pronunciado en respaldo de nuestros hermanos víctimas de esta dictadura.
Está situación constituye una nueva violación a los derechos constitucionales y una grave violación a los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses, colocándolos no sólo en un limbo migratorio, sino también en especial situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia, exponiendo peligrosamente a contraer dicha enfermedad a más de 800 personas varadas en Panamá, entre los que se encuentran mujeres embarazadas y menores de edad.
Nicaragua sigue sin asumir su responsabilidad internacional de tutelar y proteger derechos según los convenios, protocolos y normativa internacional de la cual es firmante y ha ratificado. Por lo tanto instamos a la comunidad internacional documentar y dar seguimiento a este claro incumplimiento de las obligaciones estatales, que puede culminar en una crisis intrarregional.
Este no es un caso aislado, sino que constituye una serie de actos recurrentes, dado que en fechas anteriores Nicaragua ha puesto obstáculos innecesarias a sus nacionales para ingresar al territorio nacional, también se les ha obstaculizado la entrada a ciudadanos provenientes de El Salvador, Honduras y Gran Caimán, así mismo se encuentran 93 connacionales varados en altamar ante la negativa de permitírseles ingreso.
Desde la Coalición Nacional expresamos nuestra solidaridad con todos los hermanos sufriendo este nuevo vejamen de la dictadura y exigimos se garantice la seguridad de los nicaragüenses que intentan retornar al país.
