La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se suma al dolor del Pueblo Mayagna de la comunidad de Alal, del territorio Sauni As, correspondiente al Municipio de Bonanza, Caribe Norte, que fue invadida por colonos y paramilitares, asesinando a más de 6 personas y secuestrando a 10 comunitarios, cuyo paradero se desconoce.
La comunidad ha sido destruida, las casas incendiadas, en una vorágine de violencia, temor y terror, que ha causado que familias enteras se refugien en las montañas y hasta esta hora, no se tiene noticias de ellos. Cabe destacar que la Alal ya había recibido amenazas por parte de los colonos; a finales de noviembre, las autoridades del territorio de Mayanga Sauni As ya habían hecho denuncias públicas de las amenazas y las invasiones en marcha. Sin embargo, el estado de Nicaragua una vez más hizo caso omiso al llamado de protección realizados desde las comunidades.
El asesinato de comunitarios indefensos se tipifica en los instrumentos jurídicos internacionales de crimen de lesa de humanidad. Este no ha sido el primer caso, sino que, desde los crímenes de Navidad Roja de 1981, se viene constituyendo en una práctica sistemática de crímenes perpetrados contra la vida y costumbres de los Pueblos Indígenas, sin que hasta ahora se haga justicia. Esta situación preocupa porque con esta nueva masacre la situación en la Costa Caribe adquiere las características de un proceso de etnocidio y exterminio de los pueblos indígenas de la Nación Nicaragüense.
Siendo Nicaragua signataria de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada y publicada, en marzo 2008. En su arto 2, reza que: “Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas”. Asimismo, en su arto 7, numeral 2, dice que:” Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo”. Pese de ser parte de los instrumentos jurídicos relativos a los derechos humanos en general y particular de los pueblos Indígenas, con los actos con actos como el de ayer se pone en evidencia una vez más el total desprecio del gobierno Ortega-Murillo a los instrumentos que protegen y garantizan los Derechos Humanos de la ciudadanía y, en particular de los Pueblos Indígenas.
Pedimos a la comunidad nacional e internacional, condenar estos actos de crímenes de lesa humanidad perpetrados, no solo en contra de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, sino que también en contra de los campesinos y jóvenes en toda la Nación.
Exigimos a las autoridades competentes brindar protección efectiva del cumplimiento del marco jurídico nicaragüenses, en materia de derechos humanos, derecho de tierra y territorio; y las medidas otorgadas por la Corte interamericana de derechos Humanos. Así mismo pedimos la liberación de todos los presos políticos, el cese de la represión y la criminalización de los defensores de derechos humanos en Nicaragua.
