Desde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aplaudimos el rotundo respaldo al informe de la Comisión especial de alto nivel, presentado en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el día de hoy.
Las participaciones de la mayoría de los países giraron alrededor del respeto a los derechos humanos, la restitución de los derechos ciudadanos, libertad de los más de 150 presas y presos políticos, elecciones justas, libres y transparentes, llamado al diálogo, y el repudio al secuestro de 13 miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco por el gesto humanitario de llevar agua a las madres en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel de Masaya.
Las intervenciones en el Consejo Permanente reflejaron una vez más el aislamiento de la dictadura ante la comunidad internacional.
Respaldamos las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión, así como el llamado que hizo el Secretario General Luis Almagro sobre la importancia de la restitución de derechos y la reanudación del diálogo como pasos previos a las reformas electorales.
Agradecemos especialmente la participación de madres de asesinados y familiares de presos políticos quienes dieron testimonio directo de los abusos y arbitrariedades del régimen en contra de sus familias así como la referencia que hicieron sobre el incumplimiento de los acuerdos aprobados en la Mesa de la Negociación los días 27 y 29 de marzo del presente año.
Finalmente, compartimos lo expresado por nuestro representante y miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza, el líder estudiantil Edwin Carcache:
Solicitamos a los Estados miembros de la OEA un claro e inequívoco reconocimiento de la ilegitimidad de un Gobierno que alteró el orden constitucional, al grado de destruir las bases de nuestra democracia, y que en consecuencia, apruebe la puesta en marcha de todos los mecanismos previstos en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática que contribuyan al restablecimiento de las garantías constitucionales a las libertades públicas, comenzando por la inmediata libertad incondicional de todos los presos y presas políticos y el respeto a los derechos humanos, que creen las condiciones para celebrar elecciones libres, transparentes, observadas y adelantadas, que conduzcan al establecimiento de un gobierno democrático, garante de la paz, la libertad y la justicia para el sufrido y valiente pueblo de Nicaragua.
Esperamos que la OEA retome lo expresado en el Consejo Permanente, se convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA y apruebe una resolución en línea con lo expresado por el informe de la Comisión Especial.
