La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, expresamos nuestra satisfacción por el trabajo de la Comisión Especial creada por mandato de los Ministros de Relaciones Exteriores durante el 49 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 28 de junio de este año en Medellín, Colombia.
Valoramos la objetividad del informe que dicha comisión hizo público esta semana, en el que reconoce que el régimen que detenta el poder en Nicaragua ha alterado el orden constitucional y ha violado reiteradamente los derechos humanos de los nicaragüenses, así como las libertades públicas consagradas en la Constitución de la República
Acogemos las conclusiones y recomendaciones de este informe, que constata lo que ha sido previamente denunciado por organismos especializados de la OEA, del sistema de Naciones Unidas, del Parlamento y la Unión Europea, así como por agencias gubernamentles y no-gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos. Y reiteramos que el pueblo nicaragüense vive bajo un régimen ilegitimo que criminaliza y reprime la protesta con fuerza desproporcionada, sin posibilidad alguna de ampararse en instituciones independientes que hagan contrapeso al Poder Ejecutivo.
Respaldamos la solicitud de la Comisión Especial de que este Informe sea acogido por la Comisión Permanente de la OEA y que convoque a la mayor brevedad posible a una Asamblea extraordinaria de sus Ministros de Relaciones Exteriores, a fin de tomar las medidas que efectivamente coadyuven al restablecimiento del orden democrático en Nicaragua.
Solicitamos a los Estados miembros de la OEA un claro e inequívoco reconocimiento de la ilegitimidad de un Gobierno que alteró el orden constitucional, al grado de destruir las bases de nuestra democracia, y que en consecuencia, apruebe la puesta en marcha de todos los mecanismos previstos en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática que contribuyan al restablecimiento de las garantías constitucionales a las libertades públicas, comenzando por la inmediata libertad incondicional de todos los presos y presas políticos y el respeto a los derechos humanos, que creen las condiciones para celebrar elecciones libres, transparentes, observadas y adelantadas, que conduzcan al establecimiento de un gobierno democrático, garante de la paz, la libertad y la justicia para el sufrido y valiente pueblo de Nicaragua. Estos temas están recogidos en los acuerdos firmados en la mesa de negociación, el de fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas y el de liberación de personas privadas de libertad.
