La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia celebra la conformación de la Comisión al más alto nivel, creada siguiendo el mandato de la cuadragésimo novena Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en junio pasado en Medellín, Colombia, con el fin de buscar una solución a la crisis que vive el país desde abril del año 2018.
La Alianza Cívica reitera su compromiso de trabajar con dicha Comisión en la búsqueda de esta solución y para este fin invita a la misma a llegar al país a la mayor brevedad y así contribuir a la salida negociada a la crisis.
El Representante del Secretario General, señor Luis Ángel Rosadilla, en su informe deja claro que no se han cumplido los compromisos suscritos en la agenda de negociación entre la Alianza Cívica y el Gobierno en marzo pasado, pues hasta la fecha solo de manera parcial se ha cumplido con la excarcelación de una parte significativa de los presos políticos, quedando sin cumplirse todos los demás compromisos cuando el gobierno dio por finalizado oficialmente éste esfuerzo de negociación.
Ante la propuesta hecha por el gobierno a la Secretaría General de la OEA el pasado 25 de agosto, de recibir acompañamiento en la elaboración de reformas electorales unilaterales, la Alianza Cívica insta a dicha Secretaría General a rechazar dicha solicitud y ratificar al gobierno que este tema debe ser abordado conforme la Hoja de ruta y la Agenda consensuada con la Alianza Cívica. A juicio de la Secretaría General, los temas de la agenda de negociación son concordantes con las necesidades expuestas en la Carta Democrática de la OEA.
La Alianza Cívica, reitera su posición de continuar luchando por la total liberación de todos los presos, la restitución de los derechos fundamentales de movilización y de expresión, la autonomía universitaria, el retorno seguro de exiliados, la realización de elecciones justas, transparentes, observadas y adelantadas, el establecimiento de la justicia transicional y la garantía de no repetición de hechos tan lamentables como los ejecutados por el gobierno y sus fuerzas represivas a partir de abril de 2018.
