Las defensoras y los defensores de derechos humanos, abogados y abogadas, han asumido un rol preponderante durante la grave crisis en la que nos encontramos desde abril del 2018. El ejercicio de su trabajo los ha hecho sujetos de víctimas de constantes asedios, amenazas de muerte, agresiones físicas, exilio, detenciones arbitrarias y más recientemente, sujeto de procesos penales injustos y arbitrarios. Esto evidencia una nueva etapa de represión dirigida a criminalizar la labor de las defensoras de derechos humanos y de abogados, lo que es una flagrante violación al derecho constitucional al trabajo, contemplado en el Art. 57 de la Constitución Política de Nicaragua.
El hostigamiento contra los abogados para no ejercer su derecho a defender deja en indefensión total a las víctimas. El 26 de julio del año 2019, la abogada María Oviedo, fue detenida arbitrariamente y bajo agresiones físicas ejecutada por oficiales de policía de la delegación de Masaya y luego procesada penalmente por el delito de obstrucción de funciones. En fecha 19 de agosto del corriente año se llevará a cabo juicio oral y público en contra de la defensora de derechos humanos. Exigimos que se respete y se garantice el debido proceso y no se continúen llevando a cabo prácticas irregulares dentro de esa causa judicial.
La Alianza Cívica hace un llamado al cese inmediato de toda forma de represión contra los defensores de derechos humanos y a acatar las medidas de protección y medidas de urgencia otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de miembros de las diferentes organizaciones de derechos humanos.
El trabajo de la defensoría de derechos humanos, regido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de vital importancia, especialmente en situaciones como las que se viven en Nicaragua, donde se reprime, secuestra, condena y acusa por ejercer nuestros derechos ciudadanos.
