La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechaza una vez más, la criminalización de una convocatoria para ejercer el legítimo derecho constitucional de protesta.

La Policía Nacional en su Nota de prensa #107-2018 emitida hoy domingo 2 de septiembre, además de mentir sobre los organizadores de la Marcha de las banderas, altera la realidad al decir que en “en la Marcha también participaban grupos de encapuchados con armas de fuego, lanza morteros y bombas molotov que se desplazaban en camionetas sin placas. De igual manera señala que los participantes atacaron una patrulla y varios miembros de las fuerzas policiales.”

Finaliza amenazando y criminalizando una vez más al decir “realiza las investigaciones para determinar las responsabilidades tanto de los sujetos que convocaron a esta Marcha que no fue pacífica, así como a los autores de este acto terrorista que responden a la estrategia de grupos golpistas.”

La marcha fue atacada por agitadores y contra manifestantes con disparos al aire evidenciados en videos transmitidos en diversos medios de comunicación y en las distintas redes sociales que hirieron a un médico y que desembocaron en la quema de una unidad policial. Reafirmamos que nuestra lucha es cívica y pacífica y que rechazamos toda expresión de violencia. Esto lo hemos sostenido en todas nuestras comunicaciones y lo reiteramos en esta.

Como bien indica el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado el recién pasado 29 de agosto “Los Estados tienen el deber de proteger a los participantes en reuniones pacíficas de los actos perpetrados por personas aisladas o grupos de personas, incluidos agitadores y contra manifestantes, que tienen por objeto perturbar o dispersar tales reuniones.”

Rechazamos que se quiera señalar como golpista cualquier forma de protesta garantizada en nuestra Constitución Política. Como el informe citado anteriormente, “En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por actos ilícitos o indebidos durante la crisis, el Gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, por lo que ha denominado ‘violencia golpista’, así́ como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional. Más aún, el Gobierno ha atribuido la responsabilidad por todos los actos de violencia a aquellos que participaron en las protestas…”

Esperamos y demandamos que se cumplan nuestros derechos.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) conformada por estudiantes, campesinos, académicos, religiosos, representantes de la Costa Caribe, sociedad civil y empresa privada se creó ante el llamado al Diálogo Nacional por parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para trabajar en torno a dos temas prioritarios para salir de la gran crisis que vive el país desde abril del 2018: justicia y democracia.

Día 138
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