¿Existen presos políticos en Nicaragua?

El viernes 13 de julio Medardo Mairena, dirigente campesino y miembro de la mesa de Diálogo Nacional, intentaba viajar a Los Ángeles junto a Pedro Mena. Ambos fueron retenidos ilegalmente por Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Desde ese día Mairena y Mena se convirtieron en dos presos políticos más, de la larga lista de detenidos ilegalmente en Nicaragua.

La Policía Nacional, después de detenerlos injustamente, brindó un comunicado acusando a Mairena como “el responsable directo de la masacre y asesinatos de cuatro compañeros policías y un maestro de primaria (…)”, en Morrito, Río San Juan. Aunque él se encontraba en Managua. A Mena, por otro lado, se le acusa de captar fondos del exterior y orientar tranques en Lóvago, Juigalpa y Morrito.

Ya hace un mes que ambos están detenidos, y en todo este tiempo no se les ha permitido visitas de sus familiares, están en condiciones aún no especificadas y sin derecho a su propia defensa legal. Ahora se les acusa de siete delitos y este 15 de agosto se realizará la audiencia inicial en su contra, sin pruebas ni fundamentos.

Muchos presos políticos se encuentran en igual o peor situación que Mairena y Mena: como Irlanda Jerez, detenida el 18 de julio por sujetos encapuchados y policías, quienes se la llevaron con violencia a plena luz del día. También Christian Fajardo y su esposa, María Adilia Peralta, apresados en Peñas Blancas el  23 de julio pasado, por haber participado en las protestas y tranques de Masaya. Sin olvidar a Brandon y Glen, quienes tienen mucho más tiempo de estar detenidos, acusados de asesinar al periodista Ángel Gahona, aún cuando no existen pruebas de ello. La lista podría seguir.

¿Por qué son “presos políticos”?

Todos los arriba mencionados, y muchas otras personas, de quienes se desconoce su situación actual, han ejercido su legítimo derecho a protestar. Ellos tienen mucho más en común que alzar su voz en contra del Gobierno: Son presos políticos.

Las evidencias demuestran que sus arrestos han sido arbitrarios e injustos; no han tenido acceso a su propia defensa legal y algunos han pasado más de 48 días sin que se inicie el proceso. Ellos han sido objeto de una constante persecución y criminalización de protesta, que incluso fue verificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta situación, que inició como represalia hacia los participantes en las protestas desde el mes de abril, se ha intensificado desde mediados de julio, cuando la Policía Nacional junto a grupos de terceros encapuchados y armados, se han dedicado a hacer detenciones arbitrarias a los pobladores que participaron las protestas y tranques.

Las detenciones se realizan sin órdenes judiciales y sin respeto a las garantías mínimas a los derechos humanos de los detenidos. En las redadas, tampoco se les informa de sus derechos o de los cargos por los que se les acusa ni se les notifica a sus familiares el sitio dónde serán llevados.

El sistema judicial, por su lado, restringe el derecho a una defensa legal adecuada, no permite la representación de abogados en las audiencias y tampoco proporciona datos sobre la situación jurídica o el estado de salud de las personas detenidas.

¿Qué es un preso político?

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobó en 2012 una definición aplicable a todos los países, de “preso político”.  Este concepto acoge a a todas las personas que han sido privadas de libertad, por razones exclusivamente políticas, bajo los criterios listados a continuación.  

A la fecha ni la Policía Nacional o el Sistema Judicial, ha brindado estadísticas oficiales de las personas detenidas y desaparecidas entre abril y agosto de 2018. Tampoco el Estado ha dado respuesta. Los organismos de derechos humanos, en su tarea de documentar la grave crisis en la que estamos sumergidos, como el Cenidh, contabilizan más de 137 personas apresadas injustamente.

Y aunque no se cuenta con cifra oficial, los testimonios que han obtenido los organismos, reflejan claras violaciones a sus garantías fundamentales y además detenidos por razones puramente políticas. Entre las acciones registradas se encuentran:

  • Detenciones masivas en barrios y ciudades.
  • Detenciones ilegales por ejercer derechos políticos de crítica, protesta y denuncia.
  • Detenciones fuera del tiempo legal establecido, sin órdenes judiciales.
  • Violación sistemática al principio de presunción de inocencia.
  • Secuestro por fuerzas paramilitares.
  • Traslados secretos a cárceles clandestinas.
  • Puesta a la orden judiciales fuera del término legal de 48 horas.
  • Presentación de personas detenidas en audiencias privadas, sin presencia de familiares, abogados o medios de comunicación.
  • Desinformación deliberada sobre paradero de personas detenidas.
  • Traslados masivos, desde los distintos departamentos del país, a la cárcel El Chipote en Managua.
  • Designación de abogados de oficios, aunque la persona procesada tenga su propio defensor.
  • Falta de comunicación libre y privada entre persona detenida y defensor.
  • Torturas.
  • Abusos sexuales como forma de tortura.

Aún con todas estas irregularidades, los detenidos son acusados de “terrorismo”, “financiamiento al terrorismo”, “crimen organizado”, “entorpecimiento de servicios públicos”, entre otros. Todo luego que el Estado aprobara una Ley específica para ese fin.

¿Qué podemos hacer por ellos?

Los presos políticos NO están solos. La Alianza Cívica ha impulsado acciones ante la OEA, Naciones Unidas; representaciones de países, como el Departamento de Estado en los Estados Unidos, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Sus representantes han denunciado las continuas detenciones arbitrarias y demandado la liberación de todos los nicaragüenses arrestados por manifestarse de manera pacífica y por defender los derechos humanos del pueblo.

Se necesitan de muchas acciones pacíficas para  que sean liberados. Y por ello nos volcaremos nuevamente a las calles en una gran marcha nacional, este 15 de agosto a las 10:00 a.m. desde de la rotonda Cristo Rey hasta la rotonda de La Virgen.

Marcharemos para demostrar repudio a la audiencia inicial que se efectuará ese mismo día en contra de Medardo Mairena y Pedro Mena, representantes del Movimiento Campesino y en apoyo de todos los presos políticos.

La CIDH y otros organismos de derechos humanos, han pedido en reiteradas ocasiones que se adopten las recomendaciones  ya ampliamente conocidas, pero el Estado sigue sin brindar respuesta.

No podemos callar ante esta persecución. Este martes 14 de agosto conversamos con Aura Lila Román, mamá de Marlon Fonseca y Lilliam Ruiz, mamá Hansell Vásquez, ambos apresados por razones políticas. A ellas y a todos los presos no podemos dejarlos solos.

¡Todos a la marcha a exigir la liberación de los encarcelados!

🗓️ Miércoles 15 de agosto
🕑 10:00 a.m.
📍 De la Rotonda Cristo Rey hacia Rotonda La Virgen

¡Libres se los llevaron, libres los queremos!

Día 117
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