La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, repudia la decisión del régimen de Ortega y Murillo de suspender temporalmente la presencia en el país y las visitas al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instituciones que han realizado sus labores en Nicaragua desde el 24 de junio y 1 de julio respectivamente. Asimismo, rechaza las acusaciones a la Doctora Vilma Núñez de Escorcia y a Gonzalo Carrión al vincularlos al atroz crimen del Barrio Carlos Marx en junio del presente año.

Estos hechos se llevan a cabo en un contexto de ruptura de los marcos institucionales que garantizan protección a los derechos civiles, políticos y humanos de los y las nicaragüenses y evidencian el incremento de la represión contra la población en general, a quien se le impide a través de la fuerza el ejercer su derecho a manifestarse y expresar sus opiniones libremente y de manera selectiva contra líderes sociales y periodistas, que han sido objeto de confiscaciones a la propiedad privada y han sido violentados en su derecho a organizarse.

El MESENI se ha comprometido con el pueblo de Nicaragua en el seguimiento de las recomendaciones planteada por la CIDH en su informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua». A pesar de la negativa de las instituciones estatales de colaborar con su tarea, el GIEI ha trabajado en el esclarecimiento de los hechos ocurridos desde abril. Ambos mecanismos han sido vitales en el apoyo a víctimas de la represión.

La escalada represiva de los últimos días y el ataque en contra de la CIDH y su Secretario Ejecutivo, expresados hoy en la nota firmada por el Canciller de la República, nos alejan de una salida pacífica a la crisis sociopolítica, y por el contrario profundiza la violación de derechos humanos que afecta a la sociedad nicaragüense dejándola en total indefensión, empujando al país hacia un mayor aislamiento internacional, y el agravamiento de la crisis con consecuencias imprevisibles. La Alianza Cívica reitera que las y los nicaragüenses debemos buscar una salida negociada a la crisis que vivimos desde abril del presente año.

Seguiremos recurriendo a los mecanismos establecidos por las diferentes instancias nacionales e internacionales, tal como lo contempla nuestra Constitución en su Artículo cinco: “… Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente,” por lo tanto reiteramos la importancia de retomar las recomendaciones planteadas por la CIDH en su primer informe.

Agradecemos el trabajo y compromiso de los mecanismos de la CIDH, así como de la Doctora Núñez de Escorcia y de Gonzalo Carrión, quienes han estado al lado de las víctimas en todo momento. Hacemos un llamado a la ciudadanía organizarse y seguir resistiendo de manera cívica y pacífica hasta que logremos una Nicaragua con libertad, justicia y democracia.

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