La Constitución Política de Nicaragua establece que la libre movilización y manifestación pública es un derecho de todos nosotros los nicaragüenses. Este derecho debe ser garantizado.

La negativa de la Policía Nacional de otorgar permisos policiales, aun cuando se cumplen los requisitos establecidos por la constitución y las leyes y bajo criterios y excusas que responden a razones estrictamente partidarias, sigue constituyendo una grave violación a los derechos humanos fundamentales de los nicaragüenses.

De igual manera, la restricción del derecho de movilización evidencia una vez más la falta de voluntad política del régimen para cumplir con el acuerdo de Fortalecimiento de Derechos y Garantías Ciudadanas firmado en el marco de la Mesa de Negociación entre las delegaciones del régimen Ortega-Murillo y la Alianza Cívica el día 29 de marzo de 2019.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia seguirá demandando el respeto a los Derechos Constitucionales de los nicaragüenses y el cumplimiento de los acuerdos firmados en la Mesa de Negociación. Por esta razón respalda y seguirá respaldando el esfuerzo de ciudadanos y ciudadanas así como de las distintas organizaciones de la sociedad a convocar manifestaciones públicas en apego a nuestra constitución política y las obligaciones internacionales del gobierno de Nicaragua en ese ámbito.

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