La Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ha expuesto con preocupación que en Nicaragua existe “información de procesamiento de personas que participaron en las protestas que son acusadas de terrorismo, de asesinatos, mediante procesos judiciales donde no se están respetando las garantías mínimas del debido proceso. Y que han observado en esta etapa estigmatización, es decir, todos son terroristas, todos son golpistas”.
Así mismo, el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recopila múltiples testimonios que muestra que la mayoría de las personas detenidas, en el marco de las protestas desde el 18 de abril, habrían sido objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Estos organismos nacionales e internacionales también dan cuenta de la realización de prácticas de persecución judicial y criminalización contra defensores de derechos humanos y de manifestantes, estudiantes y activistas contra la represión del Gobierno Ortega y Murillo. De igual manera advierten del uso de declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de las autoridades estatales, entre estas, resultan particularmente preocupantes aquellas que califican a las personas como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes” en el contexto de investigaciones judiciales en curso.
Ante tantas arbitrariedades, demandamos al Estado asegurar el estricto cumplimiento de la ley y demás garantías procesales de todas las personas detenidas, de conformidad con los estándares internacionales en esta materia.
Ninguna de las personas detenidas por la dictadura orteguista ha contado con la protección del debido proceso y la tutela judicial. Las presas y presos políticos han sufrido detenciones masivas en barrios y ciudades; detenciones ilegales por ejercer derechos políticos de crítica, protesta y denuncia; detenciones fuera del tiempo legal establecido, sin órdenes judiciales; violación sistemática al principio de presunción de inocencia; secuestro por fuerzas paramilitares; traslados secretos a cárceles clandestinas; puesta a la orden judiciales fuera del término legal de 48 horas; presentación de personas detenidas en audiencias privadas, sin presencia de familiares, abogados o medios de comunicación; desinformación deliberada sobre paradero de personas detenidas; traslados masivos, desde los distintos departamentos del país, a la cárcel El Chipote en Managua; designación de abogados de oficio, aunque la persona procesada tenga su propio defensor; falta de comunicación libre y privada entre persona detenida y defensor; torturas físicas y psicológicas; abusos sexuales como forma de tortura y encarcelamiento de menores de edad.
En este contexto exigimos, que el Estado debe liberar a las cientos de personas detenidas arbitrariamente y bajo cargos infundados, entre estas a Medardo Mairena, Pedro Mena, Irlanda Jerez, Christian Rodrigo Fajardo Caballero, María Adilia Peralta Cerrato, Brandon Lovo, Glenn Slate, Hansell Vázquez, Marlon Fonseca, Rodrigo Espinoza, Manuel Tijerino y Nelly Roque, y cada uno de los detenidos a nivel nacional que están siendo acusados de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos. Mientras no sean lo liberados, exigimos que el Estado garantice las condiciones humanas necesarias a los presos políticos, que incluyen alimentación adecuada, recepción de los paquetes que llevan sus familiares, el derecho a recibir visitas, el derecho a realizar llamadas, salir a tomar el sol y a la atención médica adecuada, que incluye atención psicológica. Todos los presos y presas políticos tienen los mismos derechos.
Y además, para el caso de los detenidos y procesados, se debe garantizar el derecho constitucional a una defensa legal oportuna y efectiva, lo que implica garantizar juicios abiertos y públicos, el derecho a escoger sus defensores y darles las debidas garantías a los defensores. Debiendo a su vez el Estado garantizar las actividades y gestiones que realizan los organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos.
Sobre ese particular, hacemos propias las declaraciones del Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: “Es de suma preocupación el uso indebido del derecho penal y, en particular, la recién ley aprobada contra el terrorismo, con el objeto de criminalizar el ejercicio de los derechos a la protesta social y la defensa de derechos humanos”.
De forma enérgica, llamamos al Estado a cesar la criminalización de quienes participan pacíficamente en manifestaciones y abstenerse de aplicar figuras inadecuadas, amplias y vagas de terrorismo para responder a las protestas y reivindicaciones sociales.
¡Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición!
Coalición Universitaria y de Sociedad Civil
AmCham
Funides
Faganic
Pueblos Indígenas y Afro descendientes
Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía – Movimiento Campesino
COSEP
Upanic
Sociedad Civil
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) está conformada por un grupo de organizaciones y ciudadanos diversos y heterogéneos, entre ellos estudiantes, integrantes del sector empresarial, movimiento campesino, académicos, activistas de derechos humanos y ciudadanos de regiones autónomas convocados.
Managua, 15 de agosto de 2018
